Modelo 182. Deducción autonómica

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Volvemos a escribir sobre el Modelo 182, Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas, cuyo plazo de presentación finaliza el día 31 de enero.

Es posible que exista una confusión con las casillas “Deducción Com. Autónoma” y “% deducción Com. Autónoma”,  y entendamos que se refiere a la Comunidad autónoma del donante.

Si no fijamos, al llegar a la casilla “Deducción Com. Autónoma”, la ayuda del programa nos hace referencia a lo señalado en la casilla  “NATURALEZA DEL DECLARANTE”, que es la primera ventana que aparece nada más empezar a cumplimentar el Modelo 182. No olvidemos que el declarante es la Entidad, y en esa casilla señalamos su “naturaleza” o dicho de otro modo, la razón por la cual es beneficiaria de incentivos fiscales. Para ello nos dan tres claves en un desplegable:

  1. Entidad beneficiaria de los incentivos regulados en el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
  2. Fundación legalmente reconocida que rinde cuentas al órgano del protectorado correspondiente o Asociación declarada de utilidad pública, no comprendida en el apartado anterior.
  3. Titular o administrador de un patrimonio protegido regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

Pues bien, cuando el donativo pueda dar derecho a la aplicación en el IRPF de alguna de las deducciones aprobadas por las Comunidades Autónomas, señalamos la Comunidad que corresponda y en la siguiente casilla, “% deducción Com. Autónoma”, el porcentaje de deducción en la cuota íntegra del I.R.P.F. aprobado por dicha Comunidad.

En caso contrario no se rellenará.

El programa de ayuda nos facilita la legislación aprobada en cada Comunidad Autónoma en la que se señala qué porcentaje de deducción aplicar. Leyendo dichas legislaciones, volvemos a ver que siempre hacen referencia a la naturaleza del declarante, nunca a la del donante. Por ejemplo, una persona, independientemente de su residencia, que realiza una donación a favor de una Entidad sin fin lucrativo cuyo fin exclusivo o principal que persigan sea la defensa del medio ambiente o la investigación y el desarrollo científico y técnico y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrá aplicarse una deducción autonómica del 15%, pero si los fines de la Asociación son el fomento del deporte, no.

Entrevista a Cristóbal Sánchez Blesa, presidente de Solidarios para el Desarrollo

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“El Estado es quien debe suplir aquellas necesidades sociales que los ciudadanos no pueden cubrir, más que al revés”

Cristóbal Sánchez Blesa (Murcia) es periodista por la UCM y tiene máster en Administración de Organizaciones no Lucrativas. Ha sido director de voluntariado y formación en Solidarios para el Desarrollo, y actualmente es Presidente. Co-autor del libro Voluntarios en prisión. Ciudadanía en la sombrapublicado en la editorial PPC.

 

El 17 de octubre la Alianza Española contra la Pobreza celebró un “funeral” por las políticas sociales, como rechazo a la política de recortes que empobrece cada vez más a la población. Dicen que las crisis, incluso esta “crisis económica”, sirven para reinventarse, renovarse, reestructurarse, pero para algunos parece que también les es útil para desmantelar todo lo anterior, como si nada hubiera sido válido.

Partiendo de reconocer errores pasados, ¿cómo debería ser en el futuro una Política de Voluntariado y si es posible empezar a aplicarla en este contexto de crisis económica? ¿Cuál debe ser el papel del Estado?

Creo que hay que reconocer errores pasados, pero sobre todo hay que saber reconocer aciertos pasados. El llamado “Estado del Bienestar”, quitando exageraciones, es un acierto rotundo sobre el que se basa toda la democracia europea. Renunciar a sus bases sería andar un camino peligrosísimo.

Pienso que el Estado es quien debe suplir aquellas necesidades sociales que los ciudadanos no pueden cubrir, más que al revés. Quiere esto decir, que aquel que tiene para cubrirlas, debe implicarse más que ahora en el abordaje de necesidades, vía pago directo o vía impuestos. Y que aquellos con menores posibilidades (personas enfermas, con discapacidad, mayores, niños, desempleados, etc.), siempre han de tener a una administración que los proteja como a ciudadanos de primera. Es una manera de equilibrar de nuevo la riqueza y de buscar la igualdad de oportunidades.

Esto significa más impuestos para los que más tienen, sanidad, educación y servicios sociales públicos de primera calidad, mínimo gasto suntuoso por parte del Estado y compromiso de cada ciudadano, y de estos organizados, por aportar al Estado lo máximo que puedan. Todo esto en algo se parece al concepto de justicia que dice que hay que pedir a cada quien según sus capacidades y darle según sus necesidades.

Hemos hablado a nivel político, hablemos a nivel asociativo. ¿Cómo afectará esto a las Organizaciones que estaban trabajando en voluntariado y acción social?. Y también pensando en el futuro y partiendo de los errores cometidos, ¿cómo deberían ser las organizaciones que trabajan en voluntariado y acción social?, ¿Cuál debería ser su función dentro de la sociedad?

Deben ser organizaciones, si pueden, con una mínima (aunque suficiente) estructura profesional y con unos recursos económicos justos para sostener técnicamente la organización y sus objetivos. Sin embargo, su riqueza fundamental tiene que ser la implicación de sus socios, voluntarios y colaboradores. Lo que se pueda hacer sin dinero, debe hacerse sin dinero, para evitar una servidumbre pesada, cuando en realidad a lo que se aspira es al encuentro y al apoyo humano. En un país con un empleo tan precario, en los últimos años se ha visto que a través del tercer sector se ha abierto un “nicho de empleo” importante y ahora en crisis se sufre una gran decepción. Creo que nunca el voluntariado y lo “non profit” pueden verse como una fuente de empleo, si bien instrumentalmente se necesitan profesionales. Si cambiamos la perspectiva viciamos el sector.

No hablo categóricamente porque hay muchos matices y muchas excepciones. Como ejemplo pongo los centros de acogida de todo tipo o los centros educativos para personas con necesidades especiales, que necesitan profesionales muy cualificados y en gran cantidad e inmuebles y materiales especializados y adaptados.

No obstante, trabajar con lo justo para hacer bien las cosas, y una gran implicación personal, eso vale para todos.

Convenio de colaboración con una entidad sin fines lucrativos

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En el BOICAC N 90 de julio 2012 – Consulta 5, preguntaban acerca del reflejo contable de la aportación económica realizada por una empresa a una fundación con la que se ha suscrito un convenio de colaboración empresarial.

En su respuesta el ICAC, subrayando la novedad del PGC 2007 de fijarse no solo en el fondo jurídico de la operación, sino también en el fondo económico, señala que el ingreso del Convenio de Colaboración debe imputarse a resultado en el ejercicio de su concesión, al igual que realizamos con una donación, pues de hacerlo de otra forma se acercaría a la figura de una prestación de servicio. Si vamos imputando a ingresos a medida que realizamos el gasto, podría entenderse que existen obligaciones por ambas partes, cercanas a las que podrían fijarse en un contrato de promoción/publicad.

Por su interés transcribo parte de la respuesta, aunque arriba he puesto el link al texto completo.

Empieza recordando el art.25.1 Ley 49/2002, que establece como Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.”

“La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios”

Luego recuerda el PGC-RD 1514/2007: “Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro; que los gastos son decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición de tales; que los pasivos son obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro; y que para reconocer un pasivo en el balance ha de ser probable que, a su vencimiento y para liquidar la obligación, deban entregarse o cederse recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad”.

 “Para poder otorgar un adecuado tratamiento contable a los hechos descritos y, en particular, para concluir si el importe de la ayuda comprometida debe reconocerse como un gasto en el momento inicial de la firma del convenio, o si debe periodificarse a medida que se difunda la colaboración, la cuestión a dilucidar, como paso previo, es saber cuál es la causa del desplazamiento patrimonial.

Si una vez analizado el fondo económico del convenio de colaboración pudiera llegarse a concluir que las fundaciones asumen una obligación equivalente, en términos de racionalidad económica, a la contraprestación recibida para difundir la colaboración de la entidad aportante, el acuerdo debería calificarse como la prestación de un servicio de publicidad y la imputación del gasto a la cuenta de pérdidas y ganancias debería ajustarse al principio de devengo y, en consecuencia, reconocerse a medida que se fuese incurriendo en la prestación del servicio por parte de las fundaciones.

Por el contrario, si la causa que justifica el desplazamiento patrimonial no es otra que conceder una ayuda a las citadas entidades a cambio de una contraprestación simbólica, en comparación con el importe comprometido, consistente en difundir la colaboración de la consultante en las actividades desarrolladas por las fundaciones, el acuerdo suscrito, a diferencia de los contratos de patrocinio (que se rigen por la Ley General de Publicidad) no parece que encierre dos obligaciones a ejecutar por las partes, sino que su naturaleza jurídica y, en consecuencia, económica, estaría más cercana a la donación. Si así fuese, desde un punto de vista contable, en la medida que la salida de recursos sea probable, y en sintonía con las definiciones que se han reproducido más arriba, la obligación incurrida por la empresa debería llevar a reconocer, en el momento inicial, un gasto y el correspondiente pasivo por el valor actual del importe total comprometido.